Según el reporte de las Naciones Unidas al 2022, el Perú es calificado como el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica, donde 16,6 millones de personas, más de la mitad de la población, no tiene acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos en Perú. Esta situación se agudiza aún más a partir del segundo semestre del 2022 a la actualidad, con una escalada de precios sin control en alimentos de primera necesidad e insumos que afecta gravemente a la población de menos recursos. Como consecuencia, las personas han reducido la calidad de su dieta alimentaria o el consumo de alimentos está por debajo de las necesidades nutricionales de la persona. Además, los efectos del cambio climático han generado la perdida de la cosecha en la sierra sur peruana con alrededor del 60% de la campaña agrícola debido a la sequía; como ejemplo se ha perdido un 40% en el cultivo de papa y un 90% de pérdidas en el cultivo de maíz.

En este contexto de crisis superpuestas y prolongadas ocasionadas como consecuencia de pandemia del Covid-19, los conflictos políticos y sociales internacionales y nacionales, las crisis económicas, climática y alimentaria, se han realizado muchos esfuerzos para mitigar el hambre, sobre todo a partir de iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil quienes, a través de ollas comunes, los cucharones solidarios y los comedores populares, junto a los programas sociales y la importante contribución de la cooperación internacional, como es el caso de la Diputación de Córdoba y ayuntamientos de la región cordobesa, dan respuestas tangibles a la carencia de alimentos.

Las consecuencias de esta crisis alimentaria se evidencian en la macro región sur conformada por Puno, Apurímac, Madre de Dios y Cusco, donde se ha incrementado el porcentaje de anemia en la niñez de 6 a 35 meses, de 69,4 a 70,4%, de 49,9 a 51,1%, de 55,0 a 58,4%, y de 53,7 a 54,1%, respectivamente. Por otro lado, según la DIRESA (Dirección Regional de Salud) el porcentaje de desnutrición también se incrementó a 12,7% en la infancia menor a 5 años. Estas crisis afectan de manera desproporcionada a las mujeres al desempeñar un papel clave en el bienestar familiar y el desarrollo sostenible de sus comunidades en la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y la propia gestión sostenible de los recursos naturales, agudizada con la actual crisis climática.

Con esta premisa, el presente proyecto busca articular el trabajo de los diferentes actores del sector público, principalmente las municipalidades y el sector salud, así como con entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil, para concertar estrategias destinadas a la lucha contra la inseguridad alimentaria en un contexto de crisis superpuestas y prolongadas, incorporando los enfoques de derechos humanos, género, interseccionalidad y medio ambiente.

El primer componente se relaciona con la promoción para el acceso y disponibilidad de alimentos fomentando la producción de alimentos en unidades de producción familiar – UPF, en los sectores periurbanos y rural, donde la producción de alimentos es escasa y considerada como agricultura familiar de sobrevivencia.

El segundo componente se relaciona con el uso de los alimentos y los factores que contribuyen a una alimentación saludable, socializando experiencias e innovaciones en la preparación de alimentos, así como el acompañamiento a familias en el consumo de una dieta balanceada en base a productos locales de forma que, al final, se contará con información de primera fuente respecto al consumo de alimentos y su contribución en la erradicación o disminución de las enfermedades prevalentes y las enfermedades no transmisibles.

El tercer componente hace referencia al fortalecimiento de capacidades para la incidencia y la gestión de la situación alimentaria por parte del funcionariado y otros actores implicados, generando condiciones para la articulación de iniciativas y propuestas de un trabajo multiactor entre el Estado y la sociedad civil, con el propósito de abordar la inseguridad alimentaria de manera articulada.

La propuesta representa una alternativa frente a las políticas alimentarias basadas en la sola importación de alimentos, fomentando la agricultura familiar, la educación alimentaria, el consumo de alimentos nutritivos producidos localmente con respeto al medio ambiente y el desarrollo de capacidades para la incidencia en las políticas alimentarias. Además, la intervención incorpora el enfoque del derecho humano de acceso a alimentos saludables, la incorporación del enfoque de género basado en la equidad, la interseccionalidad que permita disminuir el racismo y la exclusión y la adaptación al cambio climático a través de acciones amigables con el ecosistema.