El proyecto buscó la consecución de tres resultados con el objeto de mejorar la capacidad de promoción de la participación ciudadana en la prestación de servicios públicos en el proceso de recuperación social y económica por la COVID 19, favoreciendo la gobernabilidad en 5 distritos de la provincia de Anta, del departamento de Cusco. La intervención del proyecto permitió responder a las necesidades de las organizaciones sociales y productivas ante la crisis económica por la presencia de la Covid-19 que, en muchos casos, fueron debilitándose por la poca participación de sus integrantes y la limitada capacidad de convocatoria de sus dirigentes/as.

El proyecto aportó a la gobernabilidad democrática en 5 distritos de la provincia de Anta: Izcuchaca capital de Anta, Zurite, Huarocondo, Pucyura y Cachimayo con el fortalecimiento de habilidades sociales y la capacidad de resiliencia de las personas en situación de vulnerabilidad; el fortalecimiento de las organizaciones sociales, productivas y de mujeres, los Comités de Transparencia y Vigilancia Ciudadana; el fortalecimiento de las capacidades del funcionariado municipal con la implementación de tecnologías informáticas para mejorar la prestación de servicios públicos; el fortalecimiento de los Comités de Seguridad Ciudadana como espacios concertación y coordinación entre el estado y la sociedad civil organizadas en la generación de estrategias de respuestas ante los efectos de la Covid-19 y el fortalecimiento institucional del tejido social existente en los distritos.

Desde las acciones del proyecto se contribuyó a que mujeres y hombres mejoren sus capacidades de resiliencia y habilidades sociales en el proceso de recuperación social y económica por la Covid-19, mediante un proceso de capacitación para mejorar las capacidades y actitudes de resiliencia ante la crisis. También se fortaleció las capacidades para que las lideresas y líderes de los Comités de Transparencia Vigilancia Ciudadana de programas sociales ejerzan sus funciones con estrategias de respuesta frente a la crisis de la pandemia y hacer vigilancia a la prestación de los servicios públicos de los programas sociales como: Cuna Más, Juntos, Contigo, Pension 65 y Qali Warma.

Por otra parte, se han mejorado los mecanismos de atención a la ciudadanía de manera oportuna y eficiente en las municipalidades del ámbito del proyecto, para lo que se ha actualizado el Sistema Informatizado de Recaudación Tributaria con la inclusión de los módulos de Consulta Web Rentas y Tramite Documentario Digital a los módulos ya integrados. Este sistema fue implementado en las 5 municipalidades, habilitando los módulos de Impuesto predial, Alcabala, Caja, Consulta Web Rentas y Tramite Documentaria Digital en las municipalidades de Cachimayo, Huarocondo, Pucyura y Zurite; en el caso de Anta se habilitó el módulo de Agua Potable en vez de los módulos de Impuesto predial y Alcabala porque ya contaban con un sistema de rentas. La incorporación de estos sistemas informatizados ha optimizado los procesos de recaudación tributaria y mejorado el acceso de información y trámite documentario de manera virtual reduciendo los tiempos y requisitos en los procedimientos en beneficio de la ciudadanía de los distritos del ámbito del proyecto.

Complementariamente a lo anterior, se han mejorado los protocolos de atención al público con la actualización de los Planes para la vigilancia, prevención y control de la Covid-19. Este proceso permitió a las municipalidades, por una, parte responder a los requerimientos que el Gobierno Nacional exigen a las entidades públicas en respuesta a la declaratoria de emergencia sanitaria y, por otro, brindar las condiciones necesarias para la prestación de los servicios públicos a la población.

Con las servidoras y servidores públicos y la sociedad civil organizada también se trabajó la mejora de las capacidades de gestión para el proceso de recuperación social y económica, incidiendo en el trabajo coordinado que deben tener desde los espacios de concertación, en especial los comités de seguridad ciudadana que, en su Plan de Acción, prevé acciones para reducir actos que atenten contra la seguridad e integridad de la población, en especial de los sectores más vulnerados. Por otro lado, se ha promocionado la generación de políticas públicas en salud mental, buscando dar respuesta al deterioro emocional de las personas producto de los efectos de la Covid-19.

La marcha del proyecto y el cumplimiento de las actividades no han tenido mayores desviaciones en su ejecución, salvo el trabajo con los comités de vigilancia ciudadana que, producto de la declaratoria de emergencia, ya no estaban en función, lo que se agudizó más por la suspensión de Presupuesto Participativo donde se eligen a los integrantes de los COVIC. En respuesta a esta situación, se ha trabajado con los Comités de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) de programas sociales, quienes tienen como labor de veeduría de la prestación de servicios públicos de los programas sociales del Ministerio de Inclusión Social orientados a población pobre, extremo pobre y en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, se tramitó una ampliación del cronograma de ejecución del proyecto para el cumplimiento del programa de formación al funcionariado público, actividad que conllevó un proceso de coordinación con la Universidad Católica Sedes Sapientae para la implementación del programa de especialización y la certificación correspondiente.