En Bolivia, la alimentación escolar es responsabilidad de los gobiernos municipales y se desarrolla en diversas formas en función de la voluntad política y de las posibilidades económicas, y en muchos casos, del apoyo técnico y económico recibido de las ONGs y organismos de cooperación.

Los estudios realizados sobre la implementación del la Alimentación Complementaria Escolar (ACE) han desvelado diversos problemas como la deficiente cobertura efectiva de desayuno, que no se daba todos los días de la semana o durante toda la gestión escolar, o solo se atendía al nivel primario, la escasa sostenibilidad del programa debido a la falta de recursos económicos y la insuficiente asignación de los mismos, la falta de higiene en la preparación de los alimentos, la poca variedad de los menús o la baja calidad nutritiva de los alimentos.

A la par también se identificaron importantes aportes del programa como su contribución a la asistencia regular a la escuela y a la disminución de la deserción escolar, la mejora del estado nutricional de niños y niñas, y la reducción de las anemias en la población escolar y en consecuencia el mejor aprovechamiento escolar, el fortalecimiento organizativo de la comunidad en torno a la alimentación escolar, la implementación de iniciativas de salud escolar y la inclusión de temas sobre nutrición e higiene en la currícula escolar o la promoción y desarrollo de iniciativas y emprendimientos productivos locales articulados a la dotación de raciones alimentarias para el desayuno escolar.

Con la presencia de la pandemia, se han producido algunos inconvenientes a nivel de la organización e implementación de la alimentación escolar en el territorio, como la discontinuidad en la dotación de la alimentación escolar a niñas y niños en el municipio, la escasa claridad de las autoridades responsables de la ACE para su implementación, la poca o nula participación de las organizaciones sociales durante la gestión de la ACE y, con todo ello, la permeabilidad del derecho a la alimentación de los estudiantes de este municipio. A nivel familiar, la presencia de la Covid ha provocado mayor vulnerabilidad y aumento de la inseguridad alimentaria, incremento de la migración de los hombres adultos a las ciudades en busca de trabajo e ingresos y la consecuente disgregación de los hogares, entre otros.

Por todo lo indicado anteriormente, se hace necesario contar con una población activa, que este precautelando la alimentación escolar como derecho ganado, y buscando, junto a sus autoridades, las mejores estrategias que permita continuar distribuyendo la alimentación escolar.

En base a las recomendaciones y aprendizajes en torno a aspectos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos de la gestión de la ACE derivadas de la pasada intervención realizada en el vecino municipio de Tomina, se pretende intervenir en 13 escuelas rurales del municipio de Sopachuy, que se encuentra a 190 km de la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia.

Según el diagnóstico realizado por el socio local, la alimentación de la población del área rural de este municipio se basa principalmente en carbohidratos derivados del consumo de papa, maíz y trigo, producidos en predios familiares lo que provoca que la población sufra de problemas intestinales, disponga de bajas defensas (susceptible a contraer diversas enfermedades), muchas dificultades de aprendizaje, cansancio, fatiga, problemas de crecimiento y otros.

La problemática que se pretende resolver con el proyecto está referida a la alta permeabilidad y riesgo de los derechos de niños, niñas y jóvenes indígenas para el acceso permanente a una adecuada alimentación complementaria y a la salud, lo que contribuye a los altos niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria de la población estudiantil, incrementada por la presencia de la Covid 19.

Las causas que generan tal situación, y en las que el proyecto pretende incidir son las insuficientes condiciones para el acceso a una Alimentación Complementaria Escolar – ACE, apropiada a sus necesidades y requerimientos nutricionales, las escasas capacidades y condiciones para un ACE efectiva y eficiente de los actores de la comunidad educativa y, finalmente, la limitada participación de la sociedad civil en la gestión de la ACE.

El proyecto pretende lograr que 560 niñas, niños y jóvenes indígenas estudiantes ejerzan su derecho a una adecuada alimentación y salud en entornos saludables en tiempos del Covid y post Covid. Para la consecución de este propósito, se trabajará en tres ejes: a) En la generación de condiciones y capacidades para el acceso a una Alimentación Complementaria Escolar – ACE apropiada a las necesidades de los estudiantes; b) Promoción, educación y asistencia para una buena alimentación y salud de los estudiantes; y c) Generación de alianzas estratégicas entre la Sociedad Civil y el Estado para resguardar el derecho a la nutrición y la salud de los estudiantes.

Las principales entidades implicadas en la ejecución de las actividades serán PROAGRO (contraparte local ejecutora), el gobierno municipal, el sistema educativo, el servicio de salud, los concejos educativos de padres y madres de familia, el estudiantado y la Fundación Social Universal. Además de una instancia público y privada a ser conformada denominada Comité de la ACE.

La población beneficiaria directa del proyecto la conforman 885 personas, 560 estudiantes de primaria y secundaria de 13 escuelas rurales, 286 hombres y mujeres, padres y madres de familias de estudiantes y 39 representantes de los consejos educativos de las escuelas rurales.