Este proyecto complementó las acciones que se desarrollan en las municipalidades de Santiago, San Sebastián y Cusco con intervenciones de promoción y mejora de los servicios de mediación y resolución de conflictos. En estas actuaciones se han validado actuaciones con municipalidades y organizaciones como la comunidad educativa de las instituciones destinatarias para prevenir, detectar y derivar casos de violencia en mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El proyecto aportó a la gobernabilidad democrática en los distritos de intervención a través de la mejora de los servicios públicos dirigidos a la atención a las víctimas de violencia, la conformación de espacios para la prevención y detección de casos de violencia y el fortalecimiento institucional del tejido social existente en los dos distritos.

Desde las acciones del proyecto se ha contribuido a la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia, centrando su acción en la promoción y defensa de los derechos de los grupos más vulnerables como son la infancia, adolescentes y mujeres, población proveniente de hogares con tradición machista y patriarcal, siendo necesario incorporar el enfoque de género y de derechos en las acciones cotidianas de estos grupos.

Las acciones del proyecto se desarrollaron en cuatro instituciones educativas, dos en cada distrito, pero también se ha ejecutado con las Asociaciones de Madres y Padres de Familia (AMAPAFAs), las mesas de concertación local, los Comités de Tutoría y Orientación Educativa (Comités TOE), las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNAS) y la Red de Comunicadores por los Derechos Humanos del Cusco (RECODEH), alcanzando a un total de 65.414 personas destinatarias, 33.812 mujeres y 31.602 hombres.

El proyecto fortaleció las capacidades institucionales a nivel de planeamiento y la prestación del servicio a población vulnerable, como la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), municipalidades, DEMUNA y Centro Emergencia Mujer (CEM) con las que se han coordinado las acciones de acuerdo a sus competencias. La participación en los espacios de concertación fue en sí una estrategia importante para coordinar con las instancias que tienen competencias en la lucha contra la violencia y así incidir en la promoción de derechos para una vida digna.

La marcha del proyecto y los retrasos en la programación de las actividades estuvieron determinados por la presencia de la COVID-19, cuya presencia agudizó la situación política, económica y social que ya vivía el Perú, y desveló las grandes brechas existentes como sociedad. En Perú el paciente 0 fue identificado el 6 de marzo del 2020 pero la emergencia sanitaria se ha ido alargando durante todo el desarrollo del proyecto. Desde el inicio del curso escolar 2020, se sigue con la estrategia nacional “Aprendo en casa” en cumplimiento a la resolución del gobierno que indica las disposiciones para el trabajo remoto de los docentes que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos frente al brote del COVID-19.