La Diputación de Córdoba y la FSU promoverán el desarrollo económico rural y la seguridad alimentaria en 7 comunidades de la sierra andina boliviana

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial resolvió la concesión de una subvención de 41.340,62 euros al proyecto de cooperación internacional al desarrollo presentado por la FSU para promover la transformación productiva local para la mejora de los ingresos económicos y disponibilidad de alimentos sanos en 7 comunidades rurales del municipio boliviano de Tomina.

El proyecto, con un presupuesto total de 88.418,22 euros, se ha iniciado este mes de noviembre y durante sus 12 meses de duración beneficiará directamente a 77 familias y 3 centros educativos, haciendo énfasis en mujeres a cargo de familias monoparentales, mejorando la productividad de alimentos destinados al consumo familiar y a la venta, con la consiguiente generación de ingresos económicos.

La Fundación Social Universal inició su relación con la ONG Proagro y el municipio de Tomina en 2018 con otro proyecto financiado por la Diputación de Córdoba. En la actualidad, continua la cooperación con este territorio por medio de acciones relacionadas con la educación, seguridad alimentaria escolar, incidencia en políticas públicas, equidad de género, etc., además de actuaciones en torno a la producción de hortalizas con mujeres cabezas de hogar.

En general, a pesar de las intervenciones realizadas en estos años por instituciones públicas y privadas en el municipio de Tomina, aún persisten problemas como los altos niveles de inseguridad alimentaria de familias, lo que contribuye a los altos niveles de desnutrición y pobreza de la población, bajos ingresos económicos, degradación de los recursos naturales, entre otros.

En estos últimos años, el gobierno municipal de Tomina ha centrado su trabajo en proyectos sociales para atender las demandas del sector salud y educación, quedando desatendidas las demandas del sector productivo. Además, en la actualidad, por la crisis económica que vive el país, estas instancias públicas disponen de escasos recursos económicos, que nos les permite atender prácticamente con ningún proyecto a la población de su territorio.

Respecto a las organizaciones económicas presentes en el territorio, se han debilitado paulatinamente debido a la falta de apoyo al sector productivo por parte las autoridades en temas de transformación y comercialización de productos y acceso a la tecnología agrícola.

En este contexto de estancamiento del sector productivo, se ha identificado como problema central los bajos ingresos económicos e inseguridad alimentaria de las familias indígenas del territorio, empeorada por la pandemia y el efecto negativo del Cambio Climático. Este problema tiene como causas: a) producción de rubros tradicionales y escasamente diversificadas, con técnicas ineficientes y destinadas exclusivamente al consumo familiar, b) bajos niveles de productividad y desarticulados de los mercados locales y c) Insuficientes mecanismos para disminuir la pérdida acelerada de los recursos naturales.

Las familias indígenas de este municipio tienen en promedio 4,7 miembros y un ingreso anual de 1.147 euros. En base a este dato, cada persona vive con 0,7 euros/día, lo que provoca un estado constante de inseguridad alimentaria. Según el NBI, más del 85% de la población es considerada como pobre.

A partir de esta lectura se ha planteado como objetivo específico del proyecto “Impulsar la transformación productiva local para la mejora de los ingresos económicos y la disponibilidad de alimentos sanos en familias campesinas, con la activa participación de mujeres y la implementación de técnicas amigables con la naturaleza”.

Para la consecución de dicho propósito, la intervención contempla tres líneas de actuación: (1) Promover la diversificación e incremento de la cartera productiva familiar con rubros frutícolas y pecuarios destinados al consumo y mercado, aplicando tecnologías eficientes, efectivas y amigables con el medio ambiente, (2) Manejar la producción, agregación de valor y articulación al mercado de productos frutícolas y pecuarios, con adecuados criterios técnicos y actitud favorable con su entorno natural y (3) Fortalecer en equidad de género las instancias y mecanismos organizacionales/locales para potenciar la gobernanza local y la adecuada gestión sustentable de los sistemas de vida (agua y especies melíferas).