El Ayuntamiento de Córdoba colaborará con la FSU en la lucha contra la violencia infantil en Cusco

Durante los próximos meses, la Fundación Social Universal con la financiación del Ayuntamiento de Córdoba ejecutará un proyecto de cooperación al desarrollo dirigido a que la infancia y las familias de las instituciones educativas de los distritos de San Sebastián y Santiago de Cusco ejerzan sus derechos a la protección y buen trato.

Con este proyecto se dará una respuesta a la creciente violencia contra niños, niñas y adolescentes registrada en la región peruana de Cusco. Así, por ejemplo, entre el año 2013 al 2018 del total de víctimas de violación en el Perú, el 93,1% fueron mujeres, de este total el 28% niñas entre 0 a 12 años. En Cusco las denuncias recibidas y atendidas de violencia entre el 2015 al 2018 fueron de 4.628; el 90% fueron denuncias de mujeres y el 10% de las denuncias de hombres. De este total de denuncias atendidas, el 21.4% corresponde a violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes.

A pesar de constituirse en una prioridad del Estado peruano y del esfuerzo desplegado por los servicios municipales para detectar situaciones generadoras de violencia, los titulares de obligaciones aún no cuentan con capacidad ni implementan estrategias para la prevención, detección y cuidado integral en las instituciones educativas, así como para fortalecer el trabajo de forma coordinada con las Asociaciones de Madres y Padres de Familia – AMAPAFAS.

Las limitadas capacidades del funcionariado público en la atención de personas vulnerables, los instrumentos de gestión municipal que no responden a las necesidades de esta población para el respeto de sus derechos y las limitadas políticas municipales para enfrentar la violencia, provocan ineficientes servicios públicos de atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Además, el débil funcionamiento de los espacios de concertación o mesas de trabajo y los débiles canales y medios de comunicación hace que las actuaciones sean desarticuladas en los titulares de obligación y de responsabilidad para la implementación de políticas de acceso y ejercicio de derechos de protección.

Por su parte, la población vulnerable tiene un limitado acceso a los medios y espacios de información y desconoce los canales de denuncia y protección para el ejercicio de sus derechos.

Si no se interviene el problema, los impactos negativos que se van a generar son la naturalización de la violencia en las familias, la desprotección de las víctimas y colectivos especialmente sensibles y vulnerables a la violencia y que las familias se suman en un clima de violencia y adquieran patrones violentos, con consecuencias en el incremento de feminicidios y abuso a menores.

Frente a este problema en aumento se ha planteado este proyecto que busca que este segmento de población ejerza sus derechos a la protección y buen trato. Este objetivo se podrá consolidar con la implementación de 3 resultados estratégicos. Por una parte, los titulares de derechos de las instituciones educativas fortalecerán en sus capacidades para el acceso a servicios de protección con calidad. Por otra, se mejorarán los servicios públicos para la promoción y atención de derechos de protección y buen trato hacia la infancia y familia. Y, finalmente, se desarrollarán actuaciones articuladas entre los titulares de obligación y de responsabilidad para la promoción e implementación de políticas locales para el acceso y ejercicio de estos derechos.

Con esta intervención el proyecto beneficiará a 3.382 personas entre titulares de derechos, de obligaciones y responsabilidades de los distritos de Santiago y San Sebastián en Cusco.