Ayuntamiento y FSU firman un convenio para mejorar la gestión pública participativa en Cusco

El pasado viernes el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y el coordinador de la Fundación Social Universal, Juan Manuel Márquez firmaron un convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto de mejora de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública del Cusco. Este proyecto está cofinanciado por la Diputación de Córdoba a través de su convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional para los ayuntamientos de la provincia.

Con un coste total de 24.408,46 euros, el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Montilla y la Fundación Social Universal por importe de 14.991,79 euros tiene el objetivo de contribuir a la creación de mecanismos de participación ciudadana y apoyar  los procesos gestión pública participativa para su adecuada articulación a los procesos de planificación y a los sistemas administrativos de los gobiernos municipales de Cusco (Perú).

Este proyecto es continuidad de otras intervenciones ejecutadas  en los últimos años con el socio peruano, Centro Guaman Poma de Ayala, en el marco del proceso de democratización y reforma de las instituciones del Perú. Las actividades se desarrollarán a lo largo de todo este año y en ellas participarán directamente 345 personas entre autoridades, funcionarios y servidores públicos, y dirigentes sociales, e indirectamente a 496.415 habitantes de las dos provincias y cinco distritos de la zona de intervención.

La administración pública es la expresión de la capacidad social para delegar y responsabilizar por medio del acuerdo, las obligaciones para garantizar los derechos de los ciudadanos. Siendo así, además del proceso de descentralización estatal y modernización pública que vive el Perú, es oportuno pensar en que también es sustancial la modernización de las relaciones que deben existir entre sociedad y Estado.

Notoriamente las administraciones públicas han comenzado un nuevo lenguaje, por ejemplo, el enfoque por resultados, la mejora de procesos, la transparencia pública, la eficiencia, la nueva gerencia pública, entre otros, todos ellos han devenido en la instauración de procedimientos administrativos cada vez más estandarizados, como el caso del sistema nacional de inversión pública, el sistema de contrataciones del estado, el sistema de presupuesto o más recientes como el sistema nacional de planeamiento. Los servidores públicos se han encontrado con una modernidad que en la mayoría de los casos ha sobrepasado el nivel de conocimientos y habilidades disponibles para su utilización como insumo para hacer “un buen gobierno”.

En esta perspectiva, el proyecto quiere, primero, trabajar en el desarrollo ordenado de los sistemas administrativos que son la columna vertebral del estado, buscando que los procedimientos y estándares que son exigidos puedan ser utilizados para mejorar los servicios públicos. La estrategia transversal para tales cometidos está constituida por la capacitación y el acompañamiento en la puesta en marcha de los aprendizajes para plasmar las innovaciones en el medio laboral.

Por otro lado, la animación y promoción de la ciudadanía como componente legitimador de las acciones estatales como estrategia que agregue valor a la capacidad del estado, haciéndola más transparente, direccionada a prestar servicios con calidad y oportunidad.