Un presupuesto participativo diferente

Con el acompañamiento a los presupuestos participativos de algunas municipalidades del Valle Sur y del Valle Sagrado de los Incas se ha producido el lanzamiento de un nuevo proyecto financiado por la AACID con el objetivo de que gobiernos locales y organizaciones sociales del Cusco cuenten con mayores habilidades para insertar estrategias para la equidad de género, la interculturalidad y la protección de la infancia en los servicios públicos promotores de derechos.

Con esta primera aproximación, 29 autoridades y servidores públicos de las municipalidades de Chinchero, Anta, Lucre y Ollataytambo han conocido el propósito y actividades previstas con esta intervención para los dos próximos años y se ha iniciado la facilitación del presupuesto participativo. A este respecto se han fijado los talleres de capacitación a la sociedad civil, la elaboración del informe anual de gestión y el inicio de los talleres para definir el presupuesto participativo multianual con enfoque de género, interculturalidad y protección de la infancia.

Con este proyecto se fortalecerán a las organizaciones sociales y espacios de concertación para una mejor participación ciudadana en los procesos de gestión municipal y de promoción y defensa de los derechos de mujeres, infancia y comunidades indígenas. Además, los servidores municipales implementarán planes institucionales que reconozcan objetivos y acciones sensibles al género, la interculturalidad y la protección de infancia. Finalmente, las municipalidades mejorarán sus procesos inclusivos en la atención de casos de vulneración de derechos de mujeres y niños/as, incluyendo procesos interculturales y de género.

Durante los 24 meses de ejecución de este proyecto, las actividades previstas beneficiarán a 1.964 personas, 833 mujeres y 1.131 hombres, representados por líderes y lideresas de organizaciones sociales promotoras de derechos, red de defensorías comunitarias, defensorías municipales del niño y del adolescente, defensorías escolares, programas sociales, centros de emergencia de la mujer, policía nacional, comunicadores y periodistas, autoridades y funcionarios públicos.